Manifiesto por una enseñanza pública de calidad

En contextos de crisis siempre se suele decir que todo lo prescindible se ve afectado en primer lugar, y ya es un tópico afirmar que los oficios artísticos y las artes escénicas son las primeras víctimas de los descalabros económicos. Y, aunque algunos siempre puedan retratar a exvicepresidentes por precios rentables (no entiendo tanta crítica a Álvarez Cascos sin un sólo comentario hacia la mercenaria complicidad de López) lo que está claro es que los artistas y los oficios artísticos siempre han estados supeditados a su relación con los poderes fácticos y económicos. La cultura suele sufrir varapalos en tiempos de vacas flacas, y la educación y el mundo de la enseñanza, directa o indirectamente, también. Por ello a nadie le sorprende que las enseñanzas artíticas no parezcan prioritarias a la hora de salvaguardar bienes y servicios sociales.


Por todo ello, y como es lógico, incluso en un tempestuoso océano de (in)comunicación como el que nos toca vivir, los profesionales de la docencia en ciclos artísticos tenemos algo que decir, y en el centro en el que trabajo mis compañeros han decidido elaborar un plan de acción que empieza por elaborar una especie de manifiesto teórico en el que basarse para posteriores acciones, reivindicaciones y actos de comunicación. Para ello, una vez decididas las comisiones para cada apartado, y habiéndome incluído en la que estaba encargada de elaborar el primer escrito en defensa  de nuestros derechos como docentes artísticos y, sobre todo, como ciudadanos, hemos parido este primer borrador que, aún susceptible de retoques, matizaciones o ajustes, a mi ya me parece válido debido, sencillamente, a la urgencia que pide la situación económica y social del país. Por eso quiero transcribirla a continuación y dar fé del estado de preocupación en el que nos encontramos TODOS, incluídos los profesores de Ciclos Artísticos:

Los abajo firmantes, profesionales de la enseñanza pública de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Josep Serra i Abella, queremos manifestar nuestro malestar ante las medidas adoptadas por los políticos en este contexto de crisis, que están mermando considerablemente derechos y servicios sociales que han costado mucho conseguir.

Concretamente, en el sector de la educación se están aplicando medidas como:

- El aumento de la ratio de alumnado por aula;

- El incremento de las horas lectivas del personal docente;

- La rebaja de los salarios del personal;

- La reducción de la asignación económica a los centros;

- La falta de cubrimiento de algunas bajas por la nueva política de sustituciones;

- El empeoramiento de las condiciones laborales del personal interino / sustituto;

- La implantación de tasas en las matrículas de los estudios profesionales.

Todas ellas, medidas que no sólo suponen un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores sino que también están provocando un progresivo deterioro de la calidad de la enseñanza pública, debido a:

- La masificación de las aulas;

- La dificultad en la adquisición y renovación de los equipamientos;

- El aumento en la precariedad de las condiciones laborales del personal docente y PAS;

- La dificultad en atender de forma personalizada al alumnado;

- La dificultad en el acceso a la educación por parte de las personas con menos recursos.

(Consecuencias de todo esto):

- El desprestigio a nivel social del propio enseñanza pública, ya bastante dañado;

- El aumento de las desigualdades sociales debido a la dificultad de acceso a la educación pública que supondrá la implantación de tasas de matrícula en estudios hasta ahora gratuitos (CFGS), la considerable subida de las mismas en las universidades.

- La dificultad para poder atender las necesidades específicas de cada alumno, que es uno de los puntales de la ley de educación vigente;

- El impedimento en llevar adelante la tarea docente con la eficacia profesional que sería deseable, ya que un aumento de horas lectivas se traduce en una considerable rebaja del tiempo para investigar e innovar y para reciclarse profesionalmente.

- La sensación de menosprecio de una comunidad educativa cada vez más excluida en la toma de decisiones sobre aspectos fundamentales en la tarea docente.

- Los recortes en servicios públicos suponen un riesgo manifiesto de consecuencias desastrosas, ya que lejos de solucionar la situación, la agravarán, ya que pensamos que las actuaciones que se están haciendo no van en la dirección de garantizar una mejor formación para los jóvenes , sino que responden a una política de ahorro sin criterio de futuro, ya que ahora más que nunca será necesaria una sociedad bien formada que sea capaz de cambiar los errores del pasado y de inventar un nuevo modelo productivo.

Reclamamos un modelo "pensado" y "consensuado" de enseñanza pública, donde no se supediten las decisiones únicamente a las necesidades económicas del momento, ni a los intereses cambiantes derivados de la alternancia del poder político.

La actual situación hace necesario, más que nunca, definir un modelo de enseñanza pública coherente y adecuado a las circunstancias, que esté por encima de intereses políticos, con unos objetivos únicos, pensados ​​y pactados por todos los sectores implicados, que huyan de la inmediatez y la improvisación y apunten a medio o largo plazo, y que se faciliten las condiciones y los recursos para hacerlo posible. Un modelo que se vaya construyendo poco a poco, pero del que todos estemos convencidos, un modelo que valore lo importante que la educación para una sociedad.

Ahora más que nunca todos necesitamos creer en un modelo público de enseñanza que garantice el derecho de cualquier ciudadano a tener acceso a una formación de calidad que le pueda ofrecer expectativas de futuro. Un modelo donde los profesionales de la enseñanza viertan sus esfuerzos convencidos de que es el mejor modelo posible y en lo que crean.

Estos son valores difíciles de cuantificar en dinero, pero indispensables para salir adelante.